Begoña Gómez sabrá su futuro mañana
El tribunal se pronunciará sobre el futuro de la investigación (una semana después de la fecha inicialmente prevista), que afecta a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La decisión está relacionada con dos recursos presentados por la defensa de Gómez y la Fiscalía, que se encuentran en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, bajo la dirección del juez Peinado.
La deliberación se había suspendido el 30 de octubre debido a que el juzgado no había remitido el recurso de apelación por los cauces oficiales. Sin embargo, el error se subsanó el miércoles siguiente, lo que permitió reanudar el proceso. En su apelación, presentada el 9 de julio, Antonio Camacho, abogado de Gómez, cuestiona la legalidad de la investigación, argumentando que esta es "prospectiva e inquisitorial", lo cual está prohibido tanto por el Tribunal Supremo como por el Constitucional.
Camacho sostiene que en un "Estado de derecho avanzado" no se puede investigar "toda la vida" de su representada, incluso con la vinculación de la denuncia inicial del sindicato Manos Limpias. La defensa critica la amplitud de la investigación, pidiendo que se archive el caso, ya que la Audiencia Provincial de Madrid ya había establecido el 29 de mayo que solo se debía aclarar lo relacionado con los contratos del ente público Red.es, actualmente bajo investigación de la Fiscalía Europea por la posible implicación de fondos comunitarios.
La defensa de Gómez argumenta que no hay suficientes indicios delictivos que justifiquen la continuación de la instrucción y solicita que su cliente deje de ser considerada investigada en este procedimiento, destacando que los hechos en cuestión ya están siendo examinados por la Fiscalía europea. La decisión final del tribunal no se conocerá hasta que el magistrado Enrique Jesús Berges redacte el auto correspondiente.
¿Qué dice la Fiscalía?
La Fiscalía ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, acusando al juez Peinado de haber incurrido en una “deriva” debido a la "amplísima" dimensión de la causa, la cual considera "general" y basada en datos imprecisos. El Ministerio Público argumenta que el juez ha sobrepasado los límites establecidos por la propia Audiencia al llevar a cabo diligencias sin aclarar adecuadamente las razones que justifican la investigación judicial contra Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez. Por ello, solicita una acotación de la instrucción.
El 12 de septiembre, la Audiencia Provincial de Madrid pidió al juez Peinado el "testimonio íntegro" de la causa que investiga a Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, para poder resolver el recurso de apelación presentado por Antonio Camacho, el abogado de Gómez.
Begoña Gómez ha presentado una querella contra el juez Peinado por prevaricación y revelación de secretos, mientras que Pedro Sánchez también ha llevado a cabo acciones legales contra el magistrado tras ser citado a declarar como testigo, negándole la opción de hacerlo por escrito.
Peinado mantiene abiertas tres líneas de investigación contra Gómez. La primera se refiere a las adjudicaciones al empresario Juan Carlos Barrabés, que no involucran fondos europeos, ya que esa parte de la investigación está a cargo de la Fiscalía Europea. La segunda línea examina la relación de Gómez con Air Europa y su posible influencia en el rescate de la aerolínea. La tercera investiga sus actividades como codirectora de dos másteres en la Universidad Complutense de Madrid.
Además, esta semana el juez ha comenzado a investigar una querella presentada por la organización ultracatólica Hazte Oír, que acusa a Gómez de haber apropiado un software desarrollado por la Complutense para el máster que codirigía. Esta causa ha sido asignada al Juzgado de Instrucción Número 48 de Madrid, pero el juez Peinado podría acumularla a la investigación existente por su conexión con los hechos.
La Audiencia Provincial ya había rechazado un recurso previo de la Fiscalía en mayo, respaldando la investigación del juez pero estableciendo límites que, según el Ministerio Público, no están siendo respetados en la instrucción actual.