La crisis migratoria en Canarias se agudiza: más de 700 menores en septiembre

Mientras los interlocutores alejan posiciones en torno al pacto migratorio, el colapso de los servicios de acogida del archipiélago es cada vez mayor.

Solo en septiembre llegaron a las islas 719 menores extranjeros no acompañados, según los últimos datos del Ejecutivo autonómico recogidos por Servimedia, lo que pone en jaque la red de atención.

Esta cifra supone casi una quinta parte de las llegadas de menores migrantes no acompañados a Canarias hasta el 30 de septiembre. En concreto, el número asciende a 4.154 personas, un 69% más que en el mismo periodo de 2023, sin contar los 27 que alcanzaron la costa canaria en los primeros cuatro días de octubre.

Para poner en contexto las cifras, la capacidad de los centros de acogida insulares es, en circunstancias normales, de solo 2.000 jóvenes. La situación de colapso es tal, que el Gobierno de Canarias llegó a ordenar a las ONG que “no recibieran nuevos migrantes con cargo a la comunidad autónoma” para “proteger el interés de los menores no acompañados que ya están atendiendo”. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) suspendió dicho protocolo.

Al margen de los menores, los datos globales de inmigración irregular revelan que el número de llegadas se ha duplicado hasta alcanzar las 30.829 personas. Solo en septiembre arribaron a territorio canario un total de 5.296 migrantes.

Agitación en las negociaciones 

Mientras la crisis recrudece, la negociación entre Gobierno y oposición experimenta nuevas turbulencias, esta vez a cuenta del marco de las conversaciones. Cuando ambas partes habían tratado de avanzar en lo que respecta a la financiación de la acogida de menores migrantes, el principal escollo del diálogo, la idoneidad de la implicación de la Unión Europea irrumpió en el debate público y provocó la “suspensión” de las conversaciones.

El pasado 9 de septiembre, el PP remitió una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para pedirle la activación de “un programa de reubicación” de menores migrantes para atajar la crisis de Canarias. La respuesta se produjo el pasado 25 de septiembre, cuando la dirigente alemana mostró su predisposición, como avanzó el diario ‘El Español’.

En la misiva, a la que tuvo acceso Servimedia, señala que el Ejecutivo comunitario está “preparado para asistir a España” y ayudar en el “diálogo” con otros países europeos para relocalizar allí a los menores no acompañados que se encuentran en Canarias “a través del Mecanismo Voluntario de Solidaridad”, siempre y cuando lo pida previamente el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

El PP pidió entonces al Gobierno que le remitiera la documentación y las comunicaciones mantenidas con la Comisión, pero no obtuvo respuesta, según fuentes populares.

Respuesta del Gobierno 

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, se pronunció sobre la posibilidad de derivar menores a otros países europeos el mismo viernes. “La solución es que el resto de las comunidades acojan a menores no acompañados que están en Canarias y exigir también a la Unión Europea que, lo que hacen esos territorios, también se haga en el resto de la Unión Europea. Pero no tiene sentido que le exijan a Francia, a Bélgica y a Alemania que acojan a menores quienes no quieren hacerlo en sus comunidades. Eso es un gesto que no tiene lógica ni coherencia, es muy hipócrita”, afirmó en una entrevista en TVE.

El PP interpretó estas declaraciones como una negativa. Y, dado que una de las condiciones que había puesto sobre la mesa —al menos en público— era solicitar ayuda a la UE para relocalizar menores, el interlocutor de la oposición, Miguel Tellado, comunicó a Torres que “se suspenden las conversaciones hasta que el Gobierno recapacite y busque el apoyo comunitario para la resolución de un conflicto que no es solo de Canarias y no es solo de España”.

“Es inaceptable que el Gobierno de España impida que Europa ayude a Canarias por puro interés político, por su obsesión de torpedear al gobierno canario”, añadieron fuentes del PP, que insistieron así en que el Ejecutivo, en realidad, busca romper su alianza con Coalición Canaria. La decisión estuvo “hablada” con el presidente de la comunidad, Fernando Clavijo, quien negoció con el vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, la posibilidad de relocalizar menores.

Tras el paso dado por el PP, el Gobierno salió al paso y acusó a Génova de buscar “excusas inverosímiles” para consumar esta “ruptura unilateral e injustificada”. En este sentido, subrayó que “en ningún caso el Gobierno de España ha rechazado la ayuda de la UE”, al tiempo que remarcó que las posibles derivaciones son “voluntarias”.

Debate interno en el PP 

El Gobierno quiere que el pacto migratorio se centre en la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería para automatizar por ley el reparto de los menores. El PP, por su parte, insiste en que el marco de la negociación debe ser el documento que consensuaron Feijóo y Clavijo. Es decir, implicar al Estado en la acogida de los menores y articular una política migratoria para reducir las llegadas.

El documento cuenta con 10 puntos “irrenunciables”, pero los populares han hecho hincapié en la declaración de la emergencia migratoria a nivel nacional —para que las administraciones puedan contratar los recursos necesarios por el procedimiento de urgencia—, la solicitud de ayuda de la UE y el despliegue de Frontex.

En este último punto también han chocado. El Gobierno apuesta por que actúe en los países de origen y fuentes del PP replican que eso es “enviarles a un callejón sin salida” porque necesita del visto bueno de los 27, además del Estado de origen. En estos momentos, hay 60 agentes desplegados en Canarias.

Las posiciones siguen muy alejadas y existe debate interno dentro del PP de Canarias. Cargos de alta responsabilidad apostaban antes de la suspensión de las conversaciones por priorizar el reparto de menores y, una vez acordado y materializado, tratar la política migratoria. Admiten así que el acuerdo con Clavijo es “de máximos” y, para lograr un pacto, deben ceder. No obstante, comparten con Génova en que no solo se debe responder a las consecuencias de la crisis migratoria, sino intentar atajar sus causas.