La independencia de los medios de comunicación como pilar de la democracia

En los últimos años, hemos observado como el debate sobre el control de los medios de comunicación ha cobrado fuerza en España, impulsado por propuestas gubernamentales que pretenden regular su actividad en nombre de la lucha contra la desinformación. Sin embargo, la medida de otorgar al Gobierno un mayor control sobre la prensa y los medios me suscita una importante preocupación sobre el riesgo de mermar su independencia.

En una democracia, los medios deben servir como un canal libre de información veraz y contrastada, con el claro objetivo de ofrecer a los ciudadanos herramientas para la generación de opinión propia y criterio en torno lo que sucede en su entorno. Cualquier intento de controlar la información, incluso bajo la justificación de frenar las fake news, puede abrir la puerta a la manipulación gubernamental, acercando el sistema a regímenes dictatoriales donde la prensa se convierte en una extensión del poder estatal dejando de ser una herramienta de la sociedad.

La similitud con los regímenes autoritarios

No es casual que muchos gobiernos autoritarios, como el de Venezuela, se hayan afanado en controlar los medios de comunicación. Hugo Chávez, y posteriormente Nicolás Maduro, impulsaron reformas que limitaron la libertad de prensa bajo el pretexto de "proteger al pueblo de la desinformación". Estas medidas, que se venden como beneficiosas, despojaron gradualmente a los ciudadanos de su derecho a recibir información plural y veraz. En un paralelismo para mi sumamente inquietante, observamos hoy en España discursos similares que, si bien se presentan como defensores de la verdad, pueden llegar a tener el efecto totalmente contrario. En lugar de combatir la desinformación a través de los cauces legales existentes, o incluso reforzar los mismos, estas propuestas plantean un mayor control sobre los medios, algo que, en un Estado de derecho, no debería ser necesario cuando ya existen mecanismos judiciales para lidiar con las noticias falsas.

El control institucional y los conflictos de interés en el Gobierno actual

Otro punto que me atormenta es el creciente control del Ejecutivo sobre las principales instituciones públicas, un fenómeno que erosiona la confianza ciudadana (o debería) en la imparcialidad del Estado. El actual Gobierno ha situado a personas cercanas al presidente en posiciones clave, lo que ha provocado acusaciones de nepotismo y conflictos de interés. Uno de los ejemplos más notables es el caso de Correos, cuya presidencia está ocupada por Juan Manuel Serrano, exjefe de gabinete del presidente. Bajo su gestión, la empresa pública ha registrado problemas económicos que generan suspicacias sobre si su elección fue basada en competencia y capacidad del candidato al puesto o en la proximidad personal al poder.

Y si hablamos de transparencia, la falta de ella entre los líderes políticos es alarmante. Recientemente, el actual presidente del Banco de España y exministro, José Luis Escrivá, ha sido cuestionado por la opacidad respecto a sus propiedades. Si vamos a predicar algo, que sea primero con el ejemplo. Este caso, sumado a otros ejemplos, como el del hermano de Pedro Sánchez y las recientes revelaciones sobre el exministro José Luis Ábalos, nos dejan claro la falta de transparencia dentro del Gobierno y su entorno más directo. Este comportamiento socava mi confianza en los gobernantes, en las instituciones y refuerza en mi cabeza la idea de que determinados políticos se benefician de su posición sin rendir cuentas adecuadamente.

Si queremos mayor transparencia, hay organismos independientes que efectuan distintas auditorias sobre los medios y quienes están detrás. En esta etapa incipiente de ElDiariodeMadrid.es nos pusimos en contacto con la Journalism Trust Initiative para efectuar un informe de transparencia y su correspondiente auditoría que comenzará en breve. Un trabajo que para un medio de estás características es de lo más tedioso, pero es parte de nuestro compromiso para con nuestros columnistas, colaboradores y lectores. 

Financiación de medios afines: publicidad institucional y favoritismo

Otro de los puntos que me llama la atención de lo que nombran es la relación entre el Gobierno y los medios de comunicación que favorecen al Ejecutivo con una financiación a través de la publicidad institucional. Las administraciones públicas destinan millones de euros en campañas de publicidad, cuyos destinatarios son en su mayoría los medios que mejor tratan al Gobierno, sin atender a criterios objetivos como la audiencia o el impacto real de sus publicaciones.

Por ejemplo, en 2023, el Ministerio de Igualdad destinó un 10% de su presupuesto de publicidad institucional al grupo Prisa, otorgándole casi un millón de euros. En esta adjudicación, la Cadena SER fue el medio más favorecido con 335.727 euros, seguida de Los 40 Principales y El País. Esta tendencia de favorecer a Prisa también se reflejó en otros ministerios, como el de Industria, donde Prisa capturó el 27% de los fondos totales de publicidad institucional, mientras que otros grupos como Atresmedia y Mediaset recibieron una porción significativamente menor. Esta distribución ha suscitado preocupación, ya que otros medios con mayor audiencia o impacto reciben menos fondos. La falta de transparencia en el desglose de estos fondos también ha sido objeto de críticas, ya que el Gobierno no facilita claramente los datos detallados sobre qué medios reciben estas partidas, lo que genera dudas sobre el criterio usado para su asignación​.

Pero el problema radica en que esta asignación de fondos públicos no solo afecta la credibilidad de los medios que los reciben, sino que también condiciona su independencia editorial, ya que dependen en gran medida de ese flujo de ingresos para su supervivencia.

El coste de la clase política frente a la ciudadanía

Desde el inicio de la democracia en España, los ciudadanos hemos asistido a un lento pero constante deterioro de nuestros derechos y calidad de vida, mientras que la clase política ha seguido incrementando sus privilegios. Los salarios de los representantes públicos, así como las condiciones que disfrutan, contrastan brutalmente con la situación económica que enfrenta la mayor parte de la ciudadanía. Políticos de todos los colores, quienes en la oposición criticaban estos beneficios, al llegar al poder se han acomodado al sistema. Los ejemplos más claros y recientes son Pablo Iglesias, quien abandonó el barrio que nunca dejaría por una mansión en una de las mejores zonas residenciales de madrid, o Yolanda Díaz, quien ha pasado de ser una política cercana y modesta a presentarse con una imagen mucho más cuidada y lujosa, marcando un cambio de tono que, para mí, refleja una clara desconexión con la realidad de los ciudadanos. Al final, parece que el poder tiene la capacidad de moldear incluso a aquellos que, en sus inicios, criticaban las desigualdades del sistema.

El peligro de un Estado cada vez más poderoso y opaco

Todo ello me plantea un riesgo latente: el crecimiento de un Estado que, en lugar de servir a los ciudadanos, parece beneficiarse a sí mismo. La independencia de los medios de comunicación y la transparencia de las instituciones son dos pilares básicos y fundamentales para evitar que el poder se convierta en una herramienta de dominación y opresión. Cualquier intento de controlar a los medios, por bien intencionado que parezca, debe ser evaluado con suma cautela. Si bien es necesario combatir la desinformación, el coste no debe ser la libertad de prensa ni la autonomía de las instituciones. Habrá que buscar otros cauces y otras herramientas.

Es esencial que los ciudadanos mantengan su capacidad crítica y que los medios sigan siendo un contrapeso efectivo al poder. Solo de esta manera se podrá garantizar una democracia sólida en la que el poder rinda cuentas, y en la que los derechos de los ciudadanos no sigan siendo erosionados por aquellos que prometen protegerlos, pero que, al final, se benefician del mismo sistema que critican.