Nuestra justicia a debate
Los ciudadanos de a pie, la mayoría, no entendemos la filosofía de leyes sucedáneas de la justicia poco a poco degenerada, ni el proceder de muchos jueces y abogados. Vamos a ver como desmadejo el ovillo para buscar el nudo.
Hemos visto recientemente, el salvaje crimen y condena de cadena perpetua a Daniel Sancho, aunque su abogada Carmen Balfagón diga que Daniel Sancho no ha confesado el crimen, y su abogado, García Montes, siga proclamando a los cuatro vientos que el descuartizador es inocente hasta que no haya sentencia definitiva, cosa que es verdad, reconociendo primero que hay una sentencia provisional dictada por 5 magistrados ¡Nada menos!.., y esperemos que los modos un tanto impulsivos del letrado del descuartizador y la terquedad de la abogada negando lo que todos hemos visto en la reconstrucción de los hechos..., en su empeño por demostrar que los 5 magistrados se han equivocado, consigan además de la misma sentencia, una indemnización de algunos cientos de miles de dólares para la familia de Edwin, que bien merecido los tienen.
La defensa del descuartizador, trata sus fundamentos desde aspectos que aquí en España cuelan, pero en países donde los magistrados no se dejan embaucar por riguroso respeto a la justicia, resulta imposible tergiversar la verdad.
García Montes, con la vehemencia con la que actúa en consorcio con Carmen Bafalgón, nos muestra una realidad de la infame justicia de nuestro país, con sus alegatos. No hace falta remontarse al ventrílocuo Pedro Sánchez y sus muñecos, con el cuervo Rockefeller protagonizado por Conde-Pumpido en el Constitucional, por no citar a Maria Jesús Montero en el papel de Daisy, o, doña Rogelia protagonizada por Yolanda Diaz, o, Álvaro García Ortiz, en el papel de Monchito, y como muñeco estelar, Félix Bolaños, representando a Macario. Este escenario satírico, es solo un reflejo de lo que es una democracia degenerada desde la politización de la justicia en todos los órdenes. Por eso, ya en 1985, el entonces alcalde de Jerez, Pedro Pacheco, acuñó una frase que se hizo muy popular y cada vez más de actualidad con el sanchismo: "La justicia es un cachondeo".
Evidentemente son muchos los jueces honrados y profesionales que hacen su trabajo de forma admirable, pero nadie puede negar, que si uno es culpable de algo, confía más en la perfidia letrada; la torpeza judicial, y las eximentes (.!.) que en la justicia que aplicaría el panadero de la esquina sin contemplaciones.
Volviendo a la madeja, en Tailandia, policías y jueces, en un año casi justo -y porque García Montes ha complicado el proceso- como decía, han dejado claro lo que aquí, el amaño, hubiera distorsionado ante muchos jueces que al contrario que el magistrado juez Peinado (valiente y justo) se toman la justicia bajo el sucedáneo de esa ley garantista, intencionadamente elaborada para beneficio de un gobierno y los siguientes, que acredita por sí misma la integración social acelerada del colectivo delincuencial, asumiendo que la víctima, si está muerta ya nada se puede hacer, y al agresor hay que reintegrarle a la sociedad cuanto antes.
Está muy claro, que si Daniel Sancho, nada más llegar a Tailandia, mientras esperaba a su víctima compró; Sierra, cuchillos, guantes, bolsas grandes de basura, detergentes y otros utensilios.., y en su narcisismo, narró a la Policía el desenlace en el escenario del crimen sin mencionar de principio que lo compró para cocinar olvidándose de la carne y comida para tal fin; es elemental deducir la premeditación a la que han llegado por sentido común los rigurosos jueces y policías tailandeses sin recovecos ni embelecos, a pesar de que Daniel Sancho, siguiendo instrucciones de sus ilustres letrados, haya pretendido finalmente presentar su carnicería como un accidente fortuito antes de comprar la materia prima del asado.
En nuestros tribunales europeos, pero especialmente en España, este caso podría haber terminado transcurridos 8 años con la libertad condicional de Daniel Sancho, a los pocos meses y finalmente una sentencia de homicidio involuntario con una serie de atenuantes bigotudamente elaborados para hacer culpable a la víctima acusando al pobre Edwin de acoso obsesivo sobre un frágil Daniel Sancho, sometido a un miedo insuperable con pérdida de facultades, que al ser agredido por Edwin reaccionó sin intención de matarle, empujandole fortuitamente (el descuartizamiento de un muerto en España no es delito de cárcel. Sólo conlleva una multa). La eximente de miedo insuperable aparece recogida en nuestra legislación en el artículo 20.6 del Código Penal. Así, se establece que está exento de responsabilidad criminal aquél que obre impulsado por el miedo insuperable. La diferencia es que en nuestra seudo justicia, parcheada por todas partes, eso hubiera colado y en Tailandia, al ser más rigurosos lo consideran indiferente ante pruebas y hechos que no dejan lugar a artimañas.
Por eso fue con esa gallardía visceral García Montes, creyendo que allí se iba a encontrar jueces y fiscales como Rockefeller, Monchito y muchos de los qué como aquí, por no leerse los sumarios.., por influencia mediática o por obstrucción en el conducto del discernimiento, dictan sentencias por las que deberían dar cuentas, cuando una Instancia superior después de años, señala lo contrario con la impunidad del irresponsable que sentenció erróneamente tras un daño irreparable.
En el caso de Daniel Sancho, la cordura, respeto y sosiego de Juango Ospina, dista muchos años de esencial sabiduría profesional ¡Que no, de tiempo! con el abogado opositor que se mira el ombligo cada día.
Sin referirme ahora a ese caso, defender a un criminal confeso, resulta vergonzoso y fraudulento, visto desde un prisma decente de cualquier ciudadano con principios racionales y sin delitos a sus espaldas. Otra cosa es asistir en derecho a ese criminal, para intentar que la justicia considere un atenuante su colaboración en el esclarecimiento de los hechos, pero jamás pretender justificar o encubrir el asesinato, como hacen muchos penalistas convencidos desde la formación deontologica de ejercer una conducta profesional, cuya realidad humana presenta una dudosa honestidad que evidentemente se traduce en euros. No es obligación de ningún penalista librar de la cárcel al reo, mintiendo; aportando pruebas falsas, o utilizando trampantojos en aras de confundir al jurado. Eso es otro delito, más inmoral que punible, pero en este caso del penalista.
En nuestro ordenamiento procesal, el acusado puede mentir para defenderse sin que ello constituya otra cosa que no sea un legítimo proceder, lo que en el derecho anglosajón de países como: Inglaterra y Gales, Irlanda, los Estados Unidos, la mayor parte del Canadá, la India, Australia, Nueva Zelanda y algunos países de África Central, supone un delito añadido. Como lo era, la famosa hostia que nos llevábamos cuando mentíamos a nuestros padres, sólo que en juicio ante magistrado en el derecho romano, es lo propio y esperado. Y que conste, que lo digo como penalista frustrado que fue la profesión de mis sueños.
Por eso, en un jurado popular no puede haber nunca un abogado; precisamente porque se pretende tener un dictamen popular sin influencia doctrinal. Y eso es así, lo niegue quien lo niegue.
Sucede lo mismo cuando el penalista demuestra que el asesino padece una psicosis donde la víctima pasa a un segundo plano, como ha sido el caso de Mateo, el niño de 11 años asesinado en el pueblo de Mocejón (Toledo). En este macabro asesinato donde el autor, bajo los primeros dictámenes forenses, padece una esquizofrenia con la mente dividida. Es decir, lo que se juzga es el móvil por encima del delito, para qué mezclado parezca un todo dentro de un episodio donde se conjuntan alucinaciones, ideas delirantes y ordenes del más allá o de la mente, que confluyen en la perpetración de un crimen con saña ejecutado por un pobre chico enfermo que no es dueño de sus actos, mientras que la realidad, es que ha de juzgarse el asesinato: El hecho en sí con alevosía y ensañamiento, por la razón que sea sin que la causa de trastorno mental suponga una eximente.
Las personas nacemos con el sentido innato de la justicia como principio esencial de nuestra conciencia. Una cosa es la ley de los políticos con sus connotaciones retorcidas y acertadas que a lo largo del tiempo han ido configurando un Estado irresponsable para demostrar al mundo su garantismo condescendiente con los delincuentes; cómo son las eximentes citadas y los establecimientos penitenciarios. Y otra cosa, admitir que estos lugares de reclusión perjudican más que benefician. Los llaman así en lugar de cárceles o prisiones, por la misma razón que la izquierda se autoproclama progresista en lugar de retrógrada, sólo que además es muy importante considerar el ahorro económico que produce reducir la población reclusa, y la alta estima democrática que otorga la UE y la ONU por convertir lo que deberían ser prisiones, en estancias relativamente restrictivas, dotadas de servicios ilustrativos y diversos campos de juegos, deportes, enseñanza, recreación y menú abundante. Una especie de residencia medio baja, sin calificación de turismo.
La justicia en España, tiene mucho que aprender y reformar para llamarla justicia frente a las víctimas, y poco que añadir para convertir al delincuente en una especie de alumno de internado para capacitarle cuanto antes en lo que él decida, y soltarle de nuevo para que esta vez delinca con más cuidado.