El Gobierno de Aragón interpone un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía

El Gobierno de Aragón informó que sus servicios jurídicos han presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía.

El objetivo es “frenar uno de los mayores errores que se han cometido en la presente etapa democrática”, tal y como indicó el presidente de este Ejecutivo, Jorge Azcón, recientemente.

Recurso de inconstitucionalidad 

El recurso está basado en “la vulneración del principio de exclusividad e independencia del Poder Judicial y por ende de la separación de poderes; y la vulneración de los principios de igualdad, legalidad, seguridad jurídica, seguridad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos que conlleva, a su vez la infracción de la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas”.

Asimismo, el recurso presentado por el Gobierno de Aragón considera que se produce “una quiebra total del Estado de derecho, consagrado en el artículo 1 de la Constitución, por vulneración del valor superior de la justicia y el principio de separación de poderes, de modo que se excluye del control judicial al poder político”.

De acuerdo con el texto constitucional, “corresponde en exclusiva a los jueces y tribunales juzgar y hacer ejecutar lo juzgado con independencia de los poderes Legislativo y Ejecutivo admitiéndose como única excepción el indulto individual”. Además, la Ley Orgánica publicada “infringe el principio de separación de poderes, en cuanto supone la sustitución del poder judicial por el poder legislativo”.

Vulneración del principio de igualdad de los españoles

Además, el recurso subraya que existe “una flagrante vulneración del principio de igualdad de todos los españoles ante la ley, que tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del estado, garantizado en los artículos 14 y 139 de la Constitución, al verse beneficiadas determinadas personas de una impunidad que, como se ha visto, no se encuentra amparada en la Constitución”.

Del dictamen del Consejo Consultivo de Aragón se extrae que tanto el Gobierno de esta región como las Cortes aragonesas “están legitimados para interponer recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional” contra la ley de amnistía, una vez que esta sea aprobada, dado que la misma “afecta a los intereses aragoneses derivados de las relaciones históricas, económicas, sociales y culturales” que Aragón mantiene con Cataluña, además de “incidir en la unidad de la nación española de la que forman parte” ambos territorios.

Fórmula de proposición de ley y procedimiento de urgencia

A su vez, el Gobierno de Aragón denuncia que la fórmula de la proposición de ley y el procedimiento de urgencia seguido para aprobar la amnistía “infringe los principios democráticos del Estado de derecho exigidos por la Unión Europea al no dar oportunidad de una adecuada participación social, institucional y política en su elaboración, conforme a las técnicas de la democracia deliberativa, lo que puede plantearse ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la vía de la cuestión prejudicial”.

Reforma de la Constitución

Además, la aprobación de la amnistía, apunta, “exige una previa reforma de la Constitución, que no la prevé, habiéndose rechazado en el proceso constituyente las enmiendas que pretendían incluirla, sin que las Cortes Generales puedan hacer valer ningún poder en la materia, dado que la amnistía es una función distinta de la genérica potestad legislativa”.