Pena Capital
El corredor de la muerte es, más allá del cine de género carcelario, una situación que encarna la encrucijada de la justicia y la moralidad, donde la vida y la muerte convergen en un espacio penitenciario cargado de sufrimiento y dilemas éticos.
En estas galerías de espera patibularia los condenados a la pena capital o pena de muerte aguardan ansiosos el cumplimiento de su sentencia final, a veces conmutada a última hora, mientras el mundo exterior observa y cuestiona la validez de este sistema punitivo extremo, que realmente no deja de ser una venganza administrada en nombre de un Estado. El “ojo por ojo” de la ley del Talión como norma que imponía en el medievo la reciprocidad del castigo con el crimen cometido y que, a partir del siglo XVIII, trata de evitarse con la entrega del ius puniendi a un juez o tribunal imparcial, ajeno al conflicto.
Hasta aquí la teoría, pero, ¿es legítimo que el Estado inflija el mismo dolor que condena? No, de ningún modo. La venganza sólo tiene como objeto hacer daño a quien lo ha ocasionado; la justicia por el contrario intenta reparar el mal.
Viene al caso, la petición de pena de muerte que la policía tailandesa ha pedido en sus diligencias oficiales para el español Daniel Sancho por el asesinato premeditado y posterior descuartizamiento del médico colombiano Edwin Arrieta. Sin duda, un crimen horrendo, merecedor de un castigo ejemplar donde los haya. Ahora bien, ahorcar al amanecer al joven español en el patio de la penitenciaría no es la solución a la inseguridad ciudadana que vive el país.
Tailandia es un destino turístico de primera magnitud en Asia, el continente más grande y poblado de la tierra. Sus hábitos democráticos no son precisamente ejemplares y la corrupción está presente en el día a día. Su policía es, por consiguiente, reflejo del contexto. He ahí el quid de la cuestión. Los agentes tailandeses han querido hacer de la necesidad virtud, vendiendo una imagen de garantía y seguridad que no se corresponde con la triste realidad. Para ello han televisado los más irrelevantes y morbosos detalles, hasta el hartazgo, de la investigación de un crimen que, por otro lado, estaba prácticamente resuelto desde el primer momento con la confesión del homicida.
Que la policía tailandesa pida oficialmente la pena de muerte para el ciudadano español Daniel Sancho, contemplada en la legislación del país, es en el fondo un sardónico y berlanguiano modo de lavado de cara poco efectivo. Es, en definitiva, matar moscas a cañonazos, perdiendo el escaso crédito que les quedaba ante la comunidad internacional. La pena capital no es sino un crimen legal.