El Ministerio Público entiende que muchas de las cuestiones que plantea la querella de la esposa del presidente del Gobierno deben ser resueltas mediante recurso y que no existen pruebas suficientes que la avalen.
La querella sostiene que el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha adoptado decisiones “arbitrarias y manifiestamente injustas” que podrían ser “delictivas”. Su abogado, Antonio Camacho sostenía que el instructor forzó la legislación perjudicando a su representada.
En un escrito de 53 páginas, la Fiscalía explica que no ha tenido acceso íntegro a las actuaciones y señala que los argumentos de la querella son insuficientes para abrir una causa contra el juez.
“En este momento y con los indicios y argumentos jurídicos que se aportan en esta querella (…), no se dan los presupuestos legales exigidos para su admisión a trámite”, asegura el escrito. El Ministerio Público apoyó, sin embargo, la querella de Pedro Sánchez por condiciones que el juez le impuso para declarar presencialmente como testigo y que podrían haber estado condicionadas por “fines ajenos al correcto ejercicio de la función judicial”.
Además, el TSJM rechazó admitir a trámite otra querella presentada por el periodista Máximo Pradera, que la presentó por revelación de secretos cuando la cusa estaba bajo secreto de sumario.
Por tanto, el TSJM tiene que pronunciarse aún sobra las otras dos querellas presentadas por Pedro Sánchez y Begoña Gómez. La Fiscalía considera que el juez pudo prevaricar por haber citado a declarar en su despacho al presidente del Gobierno, cuando la ley de permite hacerlo por escrito.
La fiscal Almudena Lastra considera que las quejas de la defensa de Begoña Gómez pueden resolverse a través de recursos ante el propio juzgado o ante la Audiencia Provincial de Madrid. El escrito señala que “solo puede predicarse la injusticia” de las decisiones de un juez cuando una resolución es contraria a derecho o “no es sostenible mediante ningún método aceptable de interpretación de la ley”.
Y siguiendo esa línea argumenta indica que “aunque no con la inmediatez que sería deseable", los recursos presentados por la defensa de Gómez “se han unido a las actuaciones, se han proveído y algunos se han resuelto o se encuentran en trámite”, por lo que considera que, por el momento, no existe prevaricación.
Añade que la defensa de Gómez “se ha limitado a aportar meras noticias que aparecen publicadas en los medios de comunicación y redes sociales y una serie de resoluciones judiciales, de los que no se desprende indicio alguno” de que el magistrado que haya podido incurrir en una actuación delictiva.
La Audiencia Provincial de Madrid, avaló recientemente la investigación del juez Peinado aunque establecía ciertas acotaciones referidas en concepto al rescate de Air Europa, que está en manos de la Fiscalía Europea. Sin embargo, daba luz verde para seguir indagando si el empresario Juan Carlos Barrabés pudo haber recibido adjudicaciones públicas irregulares.
