Desde hace cinco años, Pedro Sánchez, con la ayuda de sus socios políticos, va minando poco a poco nuestra democracia al gobernar de forma arbitraria y partidista. No duda en sacrificar la calidad institucional, lo cual es una mala política, cuyos resultados son una menor prosperidad y desarrollo económico y social.
El gobierno y sus socios maniobran para limitar la separación de poderes, y por si fuera poco pretenden ser intocables e impunes ante la justicia mediante lo que llaman “lawfare”. Quieren además ampliarlo a los periodistas, limitando así la libertad de prensa y de expresión. ¿Es democrático que los políticos “zurdos” y separatistas sean intocables y que sus delitos queden impunes?
Así es como poco a poco una democracia se debilita y degrada, acabando por ser un simple cascarón vacío. No somos una democracia solo por votar cada cuatro años.
El PSOE abandonó el marxismo en el congreso de Suresnes, en 1974. Suponíamos que desde entonces aceptaban la democracia tal como se entiende en Occidente, no en Moscú. Es decir, con separación de poderes, alternancia política, respeto a la justicia, libertad de prensa y de expresión, etc.
Hasta ahora, con luces y sombras, esto había sido así por parte de este partido. Sin embargo, esto ha empezado a cambiar desde que llegó el actual presidente al poder. Me baso en una serie de hechos políticos recientes, y graves, que apuntan en esta línea y que presento de forma aleatoria.
Para empezar, tenemos la sentencia del castellano por la cual se fijó para Cataluña un mínimo del 25% de las clases en dicho idioma. La sentencia no fue ejecutada y el gobierno central no ha hecho nada para impedir este atropello, porque no conviene a sus intereses de partido. Se supone que debería defender la constitución, así como los derechos de la infancia y la juventud a hablar el Castellano, idioma principal del país.
Desde hace tiempo padecemos ese bodrio jurídico que es el delito de odio. Se odia igual que se ama, es la naturaleza humana. No se puede condenar a nadie por odio, solo se le puede condenar por cometer delitos, hechos delictivos. Y la libertad de expresión no es uno de ellos. El delito de odio es un arma política y cultural puramente arbitraria, impropia de una democracia de calidad. Por si fuera poco la aplican de forma totalmente sesgada, algo incompatible con la justicia.
El Tribunal Supremo ha fallado dos veces contra el nombramiento de D. Delgado como fiscal, si no me equivoco, de Memoria Democrática. Pues bien, según parece van a volver a nombrarla. Es decir, el gobierno actúa con gran soberbia al despreciar al tribunal, detesta la separación de poderes pues no respeta las sentencias cuando no le gustan.
Con frecuencia oímos hablar de lo que la izquierda llama el “dumping fiscal”, algo que no existe. Se llama el estado de las autonomías, que parecen menospreciar, cuando no evoluciona en el sentido que ellos desean. Existe la competencia fiscal porque existen autonomías con derechos propios. Si Madrid o Cataluña son autónomos, pueden subir los impuestos o el gasto, ¡pero también pueden bajarlos! Tienen competencia para ello.
No es democrático que el parlamento de Cataluña o partidos minúsculos en votos como ERC o Junts exijan al PSOE que castigue a la Comunidad de Madrid y le impida gestionar dentro de los márgenes del estatuto de autonomía. Esto es saltarse el estado de las autonomías, y por lo tanto la constitución y la democracia.
No es democrático que el PSOE distribuya el dinero del estado de forma arbitraria mejorando a las autonomías, como la catalana, de la que depende su permanencia en el gobierno central. Esta gestión arbitraria crea desigualdades entre unos territorios y otros, lo cual es grave.
Lo mismo se puede decir de la insensata idea de darle un cupo a la autonomía catalana, cuando se trata de una autonomía de régimen común. Esto va a recortar los recursos disponibles para las autonomías menos prósperas… O bien será la excusa para machacar a la Comunidad de Madrid para que esta pague lo que no ha de pagar Cataluña. Es esto totalmente arbitrario y antidemocrático. El gobierno central otorga favores a una región que le permite seguir en el poder mientras castiga a otra que no le vota y se lo dificulta.
La arbitrariedad de hoy es el ofrecimiento a Junts, que ha perdido las elecciones, el reconocimiento nacional de Cataluña. No puede ofrecer eso porque implica cambiar la constitución ya que esta señala que es una nacionalidad. Cataluña no es nación, es nacionalidad. La diferencia es clave pues nación conlleva soberanía y nacionalidad no. De esta manera se carga la soberanía española y la indivisibilidad de la integridad territorial. No nos engañemos, si reconoce eso, la independencia está a un paso porque tendría viabilidad jurídica, cosa que hoy no tiene.
Hasta este punto llega la falta de escrúpulos, la arbitrariedad de P. Sánchez, y así es como va demoliendo poco a poco las instituciones, retorciendo la constitución, y minando la calidad de nuestra democracia. No es de extrañar, pues la dirección actual del PSOE, así como sus socios, odian en mayor o menor medida la idea de España. No sería lógico pues que trabajaran para elevarla y engrandecerla.
Uno de los vectores de la prosperidad y de la libertad de las naciones es la calidad de las instituciones democráticas. Descender en ese ranking, como hacemos desde 2017, es una muy mala señal para el porvenir. Este es uno de los motivos por los que con este gobierno nos hemos alejado cinco puntos porcentuales de la renta per cápita media de la UE. Se puede afirmar objetivamente que Sánchez empobrece y divide, y no solo esto, además socava los cimientos de nuestras instituciones democráticas.
Si, como parece, los gobernantes actuales no se preocupan por la res pública, si no aman y defienden nuestra democracia, quizá el votante sensato y moderado que sostiene a P. Sánchez debería meditar si el bien común, y el futuro de sus hijos, no estaría mejor servido optando por la abstención. El problema no es el PSOE, el obstáculo al progreso es Sánchez.
Si tienen miedo a Vox, partido estancado y en crisis, que probablemente irá a menos, exijanle entonces al PSOE que pacte con Feijóo. Sin embargo, esto no será posible con Sánchez, exijan entonces un nuevo líder socialista. Uno que no se mire el ombligo. Nunca ha estado el PP más centrado y cercano al PSOE, de hecho, actualmente es un partido más de corte socialdemócrata.
