En artículos anteriores hemos visto cómo el estado se convierte en un factor de decadencia socioeconómica cuando se torna excesivamente grande. Cuando el gasto público rebasa aproximadamente la frontera del 43% del PIB, el estado se empieza a convertir en un lastre, deja de ser un vector de crecimiento económico y de cohesión social. Esto explica por qué la pobreza no decrece, ni aumenta la justicia social a pesar de que el estado gaste cada vez más y abarque más cosas. Lo que si aumenta sin cesar es el empleo público improductivo, la presión fiscal, el déficit, la deuda estatal, así como las castas políticas y burocráticas.
Es el caso de España, cuyo gobierno ha llevado el gasto al 48% del PIB, siendo su objetivo llegar al 50% lo antes posible. ¿Y qué ha conseguido P. Sánchez con esto?, que a nivel europeo seamos los primeros en el índice de miseria (IPC + desempleo), y también de los primeros en cuanto al índice de riesgo de pobreza y al de carencia material severa. También nos ha colocado entre los últimos en los índices de Progreso Social y de Desarrollo humano. Esto es un fracaso económico y social en toda regla, a pesar de que nuestro estado nunca ha sido más grande y poderoso.
Todo esto lo he argumentado en artículos anteriores en base a datos públicos objetivos.
En aquellos países donde el estado padece problemas severos de obesidad, como España, Francia o Italia, observamos que la falta de libertad económica es notable y que son muy poco competitivos. Todo esto explica en gran medida la decadencia socioeconómica de nuestros países.
Esta falta de libertad económica y de competitividad son debidas al exceso de intervencionismo del estado, a la hiperregulación. El estado no solo es obeso porque es muy grande, también lo es porque interviene y regula exhaustivamente casi todos los ámbitos de la vida económica y social del país, ¡incluso se atreven a decirnos cómo tenemos que expresarnos! Los motivos son varios, como, por ejemplo; el miedo a la libertad y a la empresa, el dogmatismo ideológico, la necesidad de justificar miles de puestos de trabajo públicos innecesarios e improductivos, entre otras causas.
La mala noticia es que esto también es un vector de atraso, desempleo, e injusticia social. Los escasos estados que son relativamente grandes pero que regulan poco, de manera que gozan de mucha libertad económica, son mucho más prósperos que los que regulan muchísimo. La palma del éxito se la llevan los estados moderados en tamaño y en regulaciones.
Es hora de abrir el debate no solo del tamaño del estado, sino el del exceso de intervencionismo público, pues demasiadas regulaciones son un enorme estorbo, una pesada rémora que impide el crecimiento económico y el desarrollo social.
Según el Think Tank danés CEPOS, desde la firma del tratado de Maastricht, el acervo legislativo impulsado por Bruselas ha aumentado un 729%. La sobrerregulación que impulsa la Comisión Europea es excesiva, nada menos que +101% desde el 2010. ¿De verdad necesitamos el doble de leyes, normas y regulaciones en 2024 comparando con el 2020? La respuesta es no, y basta con ver la negativa evolución socioeconómica desde entonces. En materia de libertad, también salimos perdiendo. Más no es mejor, de hecho es peor. Urge desbrozar la maraña legal y burocrática.
El 60% de la legislación nacional se explica por las exigencias de Bruselas. A esto hay que sumarle las regulaciones propias de cada país, ya sean nacionales, autonómicas o locales. Esto es un verdadero disparate para empresas y ciudadanos, pero un paraíso para políticos y burócratas.
Según el estudio de CEPOS, en los 70 y los 80, cada regulación tenía entre 1.800 y 3.600 palabras. En 2023, la media es de 9.000 palabras, unas tres veces más. Según este centro de investigación, congelar la aprobación de nuevas regulaciones y leyes durante una década aumentaría el PIB en un 14%, un 1,4% por año. ¡Pero recortar el 20% de las obligaciones normativas propulsaría el crecimiento anual al 3%!
En España las distintas administraciones tienen una producción normativa que alcanza el millón de páginas al año. Una verdadera barbaridad que se traduce en falta de competitividad y daña la libertad económica. Estos dos factores son claves para fomentar la inversión, la creación de riqueza y empleo, una mayor productividad, mejores salarios, menor inflación, y por lo tanto más justicia social.
Como decían con razón los filósofos griegos, todo con moderación. El estado debe ser moderado en su tamaño y poder, y sus regulaciones tienen que ser las menores posibles. No se puede vivir sin estado y sin regulaciones, pero dado que son un mal necesario, no hay que caer en la tentación de legislar y regular más de lo estrictamente necesario.
Para muchos puede ser natural o lógico pensar que es un bien legislar y regular más. Sin embargo, la decadencia de nuestros estados europeos hipertrofiados, su negativa evolución socioeconómica demuestra lo contrario.
La orgía de leyes y regulaciones que padecemos en España es una de las principales causas de nuestro atraso económico y social. Más estado, más leyes e impuestos solo agravará el problema. Les invito a meditar acerca de ello.
