Siete de los nueve vocales del Consejo Fiscal, pertenecientes a asociaciones conservadoras como la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), han solicitado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que presente su dimisión. Este llamamiento se produce tras la decisión del Tribunal Supremo de abrir una causa penal contra García Ortiz relacionada con la filtración de correos electrónicos sobre las negociaciones entre el empresario **Alberto González Amador y el Ministerio Público, vinculadas a un fraude fiscal superior a 350.000 euros.
Los seis vocales de la AF y el de la APIF, durante la reunión del Consejo Fiscal, argumentaron que la permanencia de García Ortiz en el cargo podría comprometer la imagen y el prestigio de la Fiscalía General del Estado a nivel tanto nacional como internacional. Señalaron que la institución corre el riesgo de estar en el foco mediático de forma negativa, algo que consideran "inasumible" para el presente proceso judicial y el futuro del Ministerio Fiscal.
Por otro lado, los dos vocales restantes, María Ángeles Sánchez Conde (teniente fiscal) y María Antonia Sanz Gaite (fiscal jefe inspectora), no respaldaron esta solicitud de dimisión.
