La baja participación de las PYMES en la contratación pública

José María Torres
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La contratación pública supone una eficaz herramienta para implementar las distintas políticas públicas, por su aportación directa e indirecta al crecimiento económico y a la creación de empleo. En España, el nivel de gasto en contratación pública de 2023 alcanzó el 11,55% del Producto Interior Bruto (PIB) y el 24,87% del total del gasto público, según datos publicados por Eurostat.

La relevancia del gasto público en obras, bienes y servicios en España durante el trienio 2021-2023 ha sido notable. Se estima que la misma representó en el ejercicio 2021 un 11,54% del PIB, en 2022 un 11,46% del PIB y en 2023, como he comentado anteriormente, un 11,55%.

Este porcentaje supone un incremento estimado de 1,3 puntos porcentuales del PIB comparado con el trienio anterior. Estamos hablando de un incremento del gasto en 97.987,33 millones de euros. Este nivel de gasto se ha podido realizar, en parte, como consecuencia de la contratación pública realizada a partir de 2021 con cargo al Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia (Next Generation EU).

Pero si observamos la información estadística de los contratos que han sido adjudicados a las microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME), el porcentaje en España de los importes adjudicados a PYMES en el segundo semestre de 2023 fue del 29,63% según la Dirección General de Patrimonio del Estado (Ministerio de Hacienda). En el primer semestre de 2024 ha sido únicamente del 15,53%. 

El nivel de “lotificación” alcanzado en la adjudicación de la contratación pública española en 2023, se puede resumir señalando que aproximadamente una décima parte (10,33%) de los contratos adjudicados se encontraban divididos en lotes, sufriendo un descenso con respecto a 2022, en el que se registró un 11,39%.

Esto nos indica que estamos muy lejos del objetivo lógico de situarnos en el mismo porcentaje de nuestro peso en la economía y nuestra aportación al VAB de España.

Las pymes representamos más del 62% del Valor Añadido Bruto generado por las empresas no financieras. Suponemos el 99,8% de las empresas y el 70% del empleo empresarial total. Por tanto, existe una importante asimetría entre el valor que generamos y el valor total de los contratos de los que resultamos adjudicatarios, asimetría que se acentúa en relación con las micropymes.

Por ello, es necesario reflexionar sobre la posibilidad de establecer una regulación singular o reserva de contratos para las pymes. Y en el caso de las microempresas, sería oportuno considerar la posibilidad de eliminar la exigencia de solvencia en determinados contratos susceptibles de ser ejecutados por este tipo de empresa.

La contratación pública en España está muy atomizada debido a su modelo territorial descentralizado, y se enfrenta a importantes retos, en algunos casos por la falta de recursos y formación de órganos de contratación, lo que puede comportar fraude, corrupción, conflicto de intereses, problemas de colusión, o incumplimientos por aplicación incorrecta de la legislación tanto en la motivación y justificación de los pliegos como en la ejecución del contrato.

Pero esto no justifica que las pymes no tengamos un acceso más fácil a los mercados de contratación pública que nos ayudaría a liberar todo nuestro potencial, generando un impacto positivo en el crecimiento de nuestra economía. 

Todos sabemos la importancia de la compra pública, que es una de las principales herramientas para implementar políticas tal y como nos dice el preámbulo de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP): “… desempeña un papel clave, ya que se configura como uno de los instrumentos basados en el mercado interior que deben ser utilizados para conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, garantizando al mismo tiempo un uso con mayor racionalidad económica de los fondos públicos”.

En este sentido, es necesario para la prosperidad de la sociedad española que se trabaje por parte de la Administración Pública y se legisle con transparencia con el firme compromiso de que haya mayor participación de las PYMES. Su peso en la economía y en el empleo se tiene que ver reflejado. De no ser así, algo estamos haciendo mal como país.