Hoy 1 de noviembre entra en vigor un nuevo real decreto que reforma el subsidio por desempleo en España, introduciendo varias medidas clave.
Primero, se incrementa la prestación. La cuantía del subsidio se vincula al Indicador Público de Efectos de Rentas Múltiples (Iprem). Durante los primeros seis meses, la prestación será del 95% del Iprem, es decir, 570 euros mensuales. En los siguientes seis meses, se reduce al 90% y, posteriormente, al 80% (480 euros actuales). Este aumento solo se aplica a nuevos reconocimientos del subsidio, no a los anteriores.
Segundo, se incluyen nuevos colectivos protegidos. Se introduce un subsidio específico para víctimas de violencia machista. Además, se permite la compatibilidad entre la prestación contributiva del desempleo y el regreso al mercado laboral a partir del mes 13 de cobro, como incentivo para quienes llevan más tiempo desempleados. También se establece un subsidio para emigrantes retornados a España.
Tercero, se realizan mejoras para quienes han trabajado a tiempo parcial. Las personas que han tenido empleos a tiempo parcial podrán cobrar el subsidio íntegro, lo que busca beneficiar especialmente a las mujeres, que son las más afectadas por la precariedad en estos tipos de trabajos.
Cuarto, se simplifica el acceso al subsidio. Se reducen a dos los supuestos de acceso general al subsidio: agotamiento de la prestación anterior y cotizaciones insuficientes. Se mantiene el subsidio para mayores de 52 años. Además, se unifican los requisitos de acceso a la Renta Agraria y al subsidio para trabajadores eventuales del Sistema Especial Agrario, facilitando el proceso de acceso y gestión.
Estas reformas tienen como objetivo mejorar la protección de los desempleados y facilitar su reinserción en el mercado laboral.
Mejor compatibilidad
El nuevo real decreto que reforma el subsidio por desempleo también regula la compatibilidad del subsidio con el trabajo por cuenta ajena. Los beneficiarios podrán trabajar a tiempo completo o parcial durante un periodo de 180 días (seis meses) sin que se reduzca la cuantía del subsidio. Esta medida busca facilitar la transición al empleo y fomentar la reincorporación al mercado laboral.
Además, se amplía el acceso al subsidio por agotamiento de la prestación por desempleo. Los menores de 45 años sin responsabilidades familiares podrán acceder a este subsidio. Se unifica la duración del subsidio para quienes tienen responsabilidades familiares, independientemente de su edad al agotar la prestación. También se permitirá que quienes hayan cotizado menos de seis meses y no tengan responsabilidades familiares se acojan al subsidio de cotizaciones insuficientes.
Una novedad importante es el reconocimiento del derecho al subsidio asistencial por desempleo para trabajadores eventuales agrarios y para personas trabajadoras transfronterizas de Ceuta y Melilla, algo que no se contemplaba anteriormente.
Por último, se mejora la accesibilidad al proceso de solicitud. Se suprime el mes de espera tras el agotamiento de la prestación contributiva para presentar la solicitud de subsidio por agotamiento, y se amplía el plazo para hacerlo a seis meses. Estas modificaciones tienen como objetivo mejorar la protección de los desempleados y facilitar su acceso a las ayudas correspondientes.
Polémica
Por otra parte, es importante señalar que el real decreto fue aprobado en su segunda votación. En enero, Podemos votó en contra junto al PP y Vox, lo que generó tensiones entre los ‘morados’ y Sumar. Podemos argumentó que la norma incluía un “recorte” en las pensiones futuras de los mayores de 52 años que se beneficiaran del subsidio.
Ante este revés en el parlamento, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, inició una mesa de negociación con sindicatos y la patronal para mejorar el texto. Se alcanzó un acuerdo con CCOO y UGT, pero no se logró consenso con CEOE y Cepyme. Las modificaciones que se realizaron eliminaron el aspecto que generaba el desacuerdo con Podemos, y el texto finalmente fue aprobado en el Congreso antes del verano, recibiendo la abstención del PP y Vox.
En la actualidad, para los mayores de 52 años existe una sobrecotización basada en el 125% del salario mínimo interprofesional (SMI). La reforma propuesta por el Gobierno incluía mejoras, como la ampliación de los colectivos protegidos y un aumento en las cuantías de la ayuda, pero también contemplaba una reducción gradual del 25% adicional en la base mínima de cotización.
El Ministerio justificó esta medida argumentando que ya no era tan necesaria debido al aumento superior al 50% del SMI en España. Sin embargo, Podemos calificó esta reducción como un “recorte” y rechazó el real decreto-ley en su totalidad. En la versión aprobada, la cotización permanece “sin cambios” en relación con la regulación actual.
El día de la aprobación, la vicepresidenta Díaz subrayó que el subsidio “no es una paguita”, sino un derecho. También refutó las críticas provenientes de la “derecha” hacia estas ayudas. Según la ministra, hay evidencia “científica” que demuestra que una mejor protección para los desempleados facilita su reintegración al mercado laboral.
