La justicia en España está de capa caída, porque somos ya muchos los que sabemos que esa “justicia”, que empieza a ser injusta, ha marcado un antes y un después desde que pretende no ser aplicada con los mismos criterios a todos los españoles. En principio, ya se ha ido aplicando de modo diferente a los políticos del Proces Catalán, que se han visto libres de toda culpa, de un modo repentino y los demás, los de a pie, los de siempre, los paganos de tantos platos rotos, lo vemos y lo comentamos sorprendidos y, sobre todo, impotentes; pues hemos visto que en los acuerdos, que se negociaron en Suiza para gobernar este país, los políticos socialistas se atrevieron a pulsar asuntos turbios y complejos.
Si para pactar un gobierno se retorcieron las leyes, esas leyes quedan retorcidas y ya no es fácil volverlas a enderezar. Y lo digo de ese modo, porque muchos políticos actuales están gobernando a golpe de impronta y ocurrencia, pues negociaron asuntos que deterioran la convivencia de todos los ciudadanos que deseamos ser cómplices de la verdad, al sentir que ya es mentira eso de que todos somos iguales ante la ley. El hermano del presidente y la mujer del presidente andan entre los laberintos incómodos de los tribunales de justicia que, contemplando el principio de que nadie es culpable hasta que lo determine un juez, e incluso, después de haberlo determinado, nadie es culpable hasta que no se agoten todas las posibilidades de recurso que señalan las leyes de un Estado de Derecho. Por lo tanto, ni el hermano del presidente del gobierno, ni la mujer del presidente del gobierno serán, o no serán culpables hasta que los jueces lo estipulen, y puesto que a la justicia no se le ha de interrumpir, en este caso concreto, los españoles sentimos que los jueces que habrán de juzgar a estos dos seres humanos están siendo incomodados con tanto trasiego de noticias, intervenciones e intromisiones que radicalizan y perturban.
El Poder judicial en España es independiente porque, precisamente, somos una democracia y en las democracias la división e independencia de los poderes del estado son lo que precisamente garantiza eso que he señalado al principio, que todos “debemos” ser iguales ante la ley y que la presunción de inocencia es lo que nos diferencia con lo que sucede en la Venezuela de Maduro o en la Cuba de los Castro y de Miguel Díaz-Canel.
Pero todo o casi todo esto radica en que hay españoles que creen que son demócratas y dicen que son demócratas pero que no asumen que los miembros de sus familias han de ser como todos los demás y que esa justicia, que en principio es justa, no debe ser sometida a nada que no esté presidido por las leyes que nos hemos dado para todos en nuestro parlamento.
