El Ejecutivo rebajó este martes el acuerdo anunciado por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, sobre la derogación de la ley de Seguridad Ciudadana, que algunos partidos denominan ‘ley mordaza’.
Así lo aseguraron, tanto la vicepresidenta María Jesús Montero, como la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado en el Palacio de La Moncloa.
Montero confirmó que están hablando con sus socios de coalición respecto a la ‘ley mordaza’, “la parte que tiene que ver con los delitos de injurias y calumnias”. Es decir, aquellos que tienen que ver con la libertad de expresión.
La vicepresidenta aclaró que estos asuntos están contenidos en el paquete de “regeneración democrática” que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentará este miércoles en la Cámara Baja, y recalcó que “hay otras materias de la ‘ley mordaza’ que se está discutiendo con otros grupos y cuando tengamos el acuerdo global continuaremos el impulso de su tramitación”.
Modificar el código penal
Se trata de modificar el Código Penal y despenalizar así las injurias contra el Rey y las altas instituciones del Estado, así como las ofensas contra los sentimientos religiosos.
Unas medidas que Díaz dio por hecho en el pacto alcanzado con sus socios de Gobierno. Posteriormente y en rueda de prensa, el portavoz adjunto de Sumar, Enrique Santiago, insistió en el acuerdo al que habían llegado con la parte socialista del Gobierno para reformar el Código Penal y despenalizar las injurias contra el Rey y las altas instituciones del Estado, así como las ofensas contra los sentimientos religiosos.
Además, según Santiago, el pacto establece una modificación del derecho al honor para establecer “mecanismos” que garanticen una “reparación pública” de las personas que se enfrenten a procesos judiciales prolongados en el tiempo que ni siquiera derivan en apertura de juicio oral.
Un acuerdo que desde la parte socialista rebajan asegurando que “todavía tenemos que hablarlas”, en relación a las medidas que desde Suman dan por cerradas.
Abrir el debate para negociar
La idea que mantiene el Ejecutivo es que este miércoles Sánchez exponga en la Cámara Baja el plan de “regeneración democrática” en su conjunto, detallando las posibles reformas aplicables a los medios de comunicación y, posteriormente, también hablar de un segundo paquete sobre medidas de renovación del Poder Judicial, donde se incluirían las presentadas por Díaz.
Con esta exposición de Sánchez, el Ejecutivo busca “abrir el debate” entre el resto de grupos parlamentarios, aseguran fuentes gubernamentales, para, a partir de septiembre, sentarse a negociar con todas las formaciones “y ver qué medidas se aprueban”.
De esta manera, rebajaron lo anunciado este martes por Díaz asegurando que “lo tendremos que negociar” y excusando a la vicepresidenta señalando que, “al parecer, no se expresó bien”.
La portavoz llamó a la calma para referirse también al desacuerdo con sus socios parlamentarios, ERC y Bildu, respecto a los instrumentos antidisturbios (las pelotas de goma empleadas por la Policía) o las devoluciones de inmigrantes.
Unos asuntos que frustraron el acuerdo para esta reforma al final de la legislatura pasada, antes de las elecciones generales de julio del 2023. “Entenderán que estos pasos son necesarios”, incidió Alegría.
