El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, desveló este jueves que su formación y el PSOE han establecido ya los primeros contactos para registrar esta semana en el Congreso una propuesta conjunta para reformar el artículo 49 de la Constitución con el fin de eliminar el término “disminuido” para reemplazarlo por 'personas con discapacidad'.
En su acto de balance político del año, el jefe de la oposición informó de que había habido “un contacto” entre el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, para dar un nuevo paso en el acuerdo que Feijóo suscribió con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Tanto Bolaños como Gamarra han dirigido las negociaciones durante el último año y pretenden presentar un texto –cuyo contenido se acordó ya en mayo– antes de que acabe el año, en línea con lo anunciado por el PSOE y el PP hace menos de una semana.
Feijóo no ahondó en la cuestión porque dijo que su ‘número dos’ no le ha podido informar aún del contenido de dicha conversación, pero recordó que su intención es que el texto “previamente consensuado” se presente antes del 31 de diciembre para que se apruebe en un pleno “monográfico” y en lectura única durante el mes de enero.
LA POSIBILIDAD DE UN REFERÉNDUM
La reforma, que no pudo salir adelante en la legislatura pasada por el adelanto electoral, depende de que el PSOE dé al PP “absolutas garantías” de que sus socios parlamentarios no pedirán que esta modificación se someta a referéndum. De hecho, en el documento que Feijóo entregó a Sánchez en su reunión del viernes, los populares instan a los socialistas “a solicitar de su socio de coalición Sumar la renuncia expresa a la convocatoria de un referéndum para poder proceder de forma urgente, en el mes de enero, a la modificación de artículo 49”.
De este modo, el PP se aseguraría de que los partidos independentistas y nacionalistas no utilizan esta cuestión para abrir la Constitución en canal e impulsar un referéndum para fines ajenos al artículo 49. Ello se debe a que, al implicar a Yolanda Díaz en el acuerdo, se desactiva de facto una posible consulta.
El artículo 167.3 de la Constitución señala que, “aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras”, es decir, 35 diputados o 27 senadores.
YOLANDA DÍAZ LO DESACTIVARÍA
Los números no dan si Sumar se compromete a no solicitar esta consulta pública, puesto que los socios del Gobierno suman, incluyendo a Podemos, 32 parlamentarios en el Congreso –33 con Coalición Canaria– y 20 en el Senado –25 con Coalición Canaria, Geroa Bai, Agrupación Socialista Gomera, Agrupación Herreña Independiente y Eivissa i Formentera al Senat–.
Al PP le preocupa la celebración de una posible consulta pública porque está convencido de que los independentistas la utilizarían para sacar rédito de ella y desvirtuar el motivo de la convocatoria de las urnas: ratificar la modificación del artículo 49 de la Constitución. Por ello, quiere que Díaz se comprometa a circunscribirse a una reforma “quirúrgica”.
