PSOE, Sumar y Coalición Canaria registrarán este lunes una proposición de ley para reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería y permitir traslados automáticos y obligatorios de menores extranjeros no acompañados entre comunidades autónomas.
Al registro asistirá la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, a las 10.00 horas, y será presentada por los portavoces de los grupos parlamentarios de Sumar, Iñigo Errejón; del PSOE, Patxi López, y la diputada de CC, Cristina Valido. Junto a ellos, además de la ministra Rego, estarán presentes el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo.
El texto fue acordado entre el Ejecutivo central y el del archipiélago, a fin de resolver la saturación que vive Canarias, que atiende a casi 6.000 menores, y, en menor medida, Ceuta y Melilla. En todos estos gobiernos está el PP –en Canarias ostenta la vicepresidencia–, que se inclina por el 'no' en estos momentos.
La iniciativa prevé que el mecanismo de reparto se active cuando la capacidad del sistema de protección en una comunidad autónoma alcance el 150% de su capacidad de ocupación y establece que los traslados puedan realizarse en un plazo de 15 días desde el registro del menor.
En la actualidad, estos repartos dependen de la voluntariedad de las comunidades autónomas, que tienen las competencias exclusivas sobre la tutela y protección de los menores no acompañados, y el proceso suele demorarse más de un año.
La proposición recoge los mismos criterios para la distribución de menores aprobados en la Conferencia Sectorial de Infancia celebrada en 2022 para los repartos voluntarios.
Entre otros parámetros y mediante un sistema de puntos, se tendrá en cuenta la población de cada territorio, su nivel de renta, su tasa de paro, las plazas destinadas a estos menores en sus sistemas de protección y la dispersión de la población.
Puesto que la de Extranjería es una ley orgánica, su reforma precisa mayoría absoluta para salir adelante. Por el momento los apoyos parlamentarios no están garantizados, ya que Junts ha anunciado que rechaza la iniciativa y el PP no comparte sus términos.
Partido Popular
Los ‘populares’ no han avanzado su sentido del voto, pero casi todas sus comunidades se han expresado en contra de cualquier sistema que elimine la voluntariedad. De hecho, existen tesis dentro del PP de que un reparto obligatorio sería inconstitucional porque invadiría sus competencias. Por el momento, los equipos jurídicos de cada autonomía siguen estudiando el texto, que les llegó en la víspera de la Conferencia Sectorial del miércoles.
En el lado opuesto están sus líderes en Canarias y Melilla, Manuel Domínguez y Juan Jesús Vivas, que apuestan por un sistema obligatorio, aunque defienden que el Gobierno debe tomar medidas adicionales que sí comparten con el resto del partido.
Para el PP, es necesario extender la declaración de emergencia migratoria aprobada en Canarias a todo el territorio nacional. Asimismo, reclama un fondo de contingencia para acoger a más menores, así como la garantía de que habrá una financiación sostenida hasta que cumplan la mayoría de edad.
El principal partido de la oposición considera, además, que el Gobierno debe aportar los medios y gestionar la situación cuando las autonomías lleguen al límite, como ya pasa en Murcia o la Comunidad Valenciana, que están por encima del 150% de sus capacidades.
Por último, censura que el Gobierno no tenga una política migratoria como la de Italia o Grecia. Y aboga por un mayor control de fronteras para disuadir a las mafias, negociar con Europa su participación en la relocalización de menores y llegar a acuerdos en los países de origen para evitar la salida de pateras.
