El Gobierno se ha mostrado “tranquilo” ante las acusaciones hacia Pedro Sánchez en relación con el denominado ‘caso Koldo’. Fuentes gubernamentales recalcan que “no hay caso” y confían en que, de ser necesario un proceso judicial, el tiempo de investigación no se alargue más de "unas semanas". Si el Tribunal Supremo procediera a imputar al exministro José Luis Ábalos, aforado, podría solicitar a la Cámara Baja un suplicatorio, proceso que tendría un plazo máximo de 35 días según el Reglamento de la Cámara. La postura en Moncloa, de acuerdo con las declaraciones de las fuentes, es de "absoluta tranquilidad" debido a la ausencia de "indicios serios" que impliquen a otros miembros del Ejecutivo en irregularidades.
Las acusaciones iniciales se basan en la supuesta implicación de Ábalos en el rescate financiero de Air Europa. El Ejecutivo, sin embargo, ha señalado que esta decisión fue avalada tanto por la Unión Europea como por el Tribunal de Cuentas y el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. Según estas fuentes, el rescate de Air Europa fue una medida legítima y necesaria para asegurar la conectividad aérea del país, especialmente hacia destinos estratégicos como las Islas Canarias.
En una rueda de prensa en Portugal, Sánchez justificó el rescate, afirmando que España habría sido “el único país del mundo” que no habría apoyado a una de sus principales aerolíneas en dificultades si no se hubiera intervenido. Añadió que las decisiones tomadas en su momento fueron consensuadas con su equipo de gobierno y que, en retrospectiva, las volvería a tomar dada la importancia de Air Europa para la movilidad nacional e internacional de España.
"Se cortó con Ábalos"
El Gobierno ha respondido a las acusaciones relacionadas con el exministro José Luis Ábalos asegurando que en su momento se tomaron las medidas necesarias para gestionar la situación. Según fuentes gubernamentales, la salida de Ábalos en 2021 fue parte de una reestructuración destinada a “relanzar” el Gobierno tras la pandemia de la covid-19, una decisión en la que también se incluyó a otros altos cargos, como la exvicepresidenta Carmen Calvo.
Desde el PSOE en el Congreso señalan que, tras las acusaciones contra Ábalos, se le pidió que renunciara a su acta de diputado. Al tratarse de una decisión personal e intransferible, Ábalos optó por incorporarse al Grupo Mixto en lugar de renunciar, una acción que, según el partido, fue “lo correcto”. Sin embargo, Ábalos ha expresado su desacuerdo con la medida, argumentando que los estatutos del partido solo permiten solicitar la renuncia de un diputado en caso de que este sea oficialmente investigado, lo cual no ocurrió en su caso. “A mí se me condenó desde el primer día”, expresó Ábalos a medios, defendiendo que su salida no siguió los procedimientos habituales.
Por su parte, el Gobierno mantiene que todas las decisiones adoptadas en el caso de Ábalos y en el rescate de Air Europa fueron motivadas por criterios técnicos y ajenos a intereses personales. Sánchez afirmó nuevamente que las decisiones tomadas en aquel momento contaban con el respaldo de su equipo, reiterando que volvería a tomarlas si fuera necesario.
