Amnistía

Feijóo agotará el plazo para recurrir la amnistía ante el TC

Presentará el recurso pese a sus “dificultades para aceptar la imparcialidad del Tribunal Constitucional”
Feijóo llega al XVII Foro Atlántico 'América y Europa: Democracia y Libertad' - David Mudarra/PP
photo_camera Feijóo llega al XVII Foro Atlántico 'América y Europa: Democracia y Libertad' - David Mudarra/PP

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, confirmó este martes que su formación agotará el plazo de 90 días para recurrir la ley de amnistía ante el Tribunal Constitucional, y opinó que el líder de Junts, Carles Puigdemont, “se ha dejado engañar” por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras conocer el fallo del Supremo.

Así lo afirmó después de que el Alto Tribunal considerase que el delito de malversación de caudales públicos no es amnistiable en la causa del ‘procés’ y, por ende, mantuviera la orden de detención sobre Puigdemont, que lleva fugado de la Justicia desde 2017.

En este contexto, Feijóo confirmó que el PP va a “agotar el plazo” para presentar su recurso de inconstitucionalidad. Una decisión que, según explicó en una entrevista en Onda Cero recogida por Servimedia, ya se adoptó antes de conocer la posición del Supremo, la cual tenía “mucho interés” en conocer antes de acudir al Constitucional. “¿Por qué nos vamos a precipitar si tenemos 90 días para hacerlo?”, remachó.

El jefe de la oposición, sin embargo, admitió que no es optimista porque tiene “dificultades para aceptar la imparcialidad” del TC. Esas dudas residen en que el tribunal de garantías está “trufado de dos cargos del Gobierno”, en alusión a Juan Carlos Campo, exministro de Justicia, y Laura Diez, ex directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica. No obstante, dijo que su “obligación” es acudir al Constitucional para recurrir la amnistía en lo que se refiere al delito de desobediencia, una vez que el Supremo no la ha aplicado sobre la malversación al entender que hubo ánimo de lucro.

El PP tiene hasta la segunda semana de septiembre para presentar su recurso de inconstitucionalidad. Feijóo reveló hoy que su partido dará el paso en torno a esas fechas porque lo “razonable” es “agotar los plazos y estudiar muy bien esta ley”. “Que, por lo que vemos, además de ser una chapuza legal, es una ley que sigue presentando grandes dudas. Los beneficiarios parece que van a tener que esperar y probablemente no se les va a aplicar, al menos en algunos delitos”, ahondó.

Sánchez "ha engañado" a Puigdemont 

El líder del PP insistió en que tiene “claro” que la amnistía es “inconstitucional”, más después del pronunciamiento de los magistrados del Supremo, que “han aplicado la legislación española y europea” para argumentar que el delito de malversación no se puede amnistiar. Y ello, sin ni siquiera plantear una cuestión perjudicial ante el TJUE, lo que evidencia que, más allá de que la amnistía sea “ilegal” e “inmoral”, está también “mal redactada”.

En esta coyuntura, sentenció que Sánchez “ha engañado” a Puigdemont al tiempo que el expresidente de la Generalitat “se ha dejado engañar”. “Porque el ordenamiento jurídico es el que es, y la Constitución no ha sido modificada y los tratados europeos tampoco. Por mucho que legislador nacional intente hacer una ley, si choca contra la Constitución o contra los tratados europeos, no se puede hacer. Nosotros lo planteamos desde el principio”, expuso.

Además, incidió en que la amnistía ha sido “una corrupción política sin precedentes en una democracia occidental”, porque se ha basado en “comprar la Presidencia del Gobierno a cambio de perdonar o condonar delitos cometidos” por los independentistas.

“Dificultades para aceptar la imparcialidad" del TC 

De cara al recurso ante el TC, Feijóo admitió tiene “dificultades para aceptar” su “imparcialidad”, aunque no discutió que la “obligación” del PP es recurrir la ley. “Ahora bien, un Tribunal Constitucional trufado de dos cargos del Gobierno nos parece absolutamente inmoral”, prosiguió Feijóo, quien pidió la dimisión de Campo y Díez.

No hizo lo mismo, sin embargo, con el presidente del tribunal de garantías, Cándido Conde-Pumpido, porque “no ha estado de forma directa en un Gobierno” en los últimos años. Aunque sí admitió que sus “antecedentes” no le “tranquilizan”, puesto que fue fiscal general del Estado durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Para cerrar la cuestión del TC, defendió la elección de José María Macías como nuevo magistrado y restó importancia a sus “manifestaciones” sobre la amnistía, rechazando así que esté significado políticamente por decir lo que piensa. “Significado es si milita en un partido o si ha ejercido de forma reiterada y constante cargos políticos. Ahora, defender la Constitución me parece que cualquier magistrado en excedencia debe de hacerlo”, zanjó.

El Gobierno "nació muerto" 

En otro orden de cosas, reconoció que el acuerdo con el PSOE para explorar una reforma del sistema de elección del CGPJ “no es vinculante” para el Poder Legislativo. Pero emplazó al Gobierno a cumplir con el pacto y facilitar la aprobación del nuevo método de designación cuando sus vocales presenten una propuesta para que los magistrados tengan “participación directa”, como se recoge en la proposición de ley que ambos partidos registraron la semana pasada en el Congreso.

Por último, Feijoó fue preguntado también por la posibilidad de presentar una moción de censura. Y, aunque no quiso descartar esta opción ante un Gobierno que “nació muerto”, rechazó que este buscando el apoyo de Junts porque, para amarrarlo, tendría que darles lo mismo que les ha prometido Sánchez.

“No tengo números para sacar una moción de censura, lo cual no significa que, si consideramos oportuno en un momento de la legislatura en los próximos meses presentarla, pues por supuesto que no desechamos la posibilidad de hacerlo”, expuso antes de destacar, además, que para formar gobierno con el apoyo de Junts tendría que “engañar” a Vox. De todos modos, dijo que no ve “señales” de acercamiento de los independentistas catalanes, más allá del apoyo que han brindado a las iniciativas parlamentarias del PP que el Gobierno rechaza aplicar, como la bajada del IVA del pescado.