El Ministerio de Igualdad ha aprobado una dotación de 19.265.256,93 euros para la Comunidad de Madrid en el marco del reparto de fondos de la Conferencia Sectorial de Igualdad, celebrada este lunes. La ministra Ana Redondo ha presidido este encuentro en el que se ha acordado el reparto de 179,8 millones de euros entre comunidades y ciudades autónomas para combatir la violencia machista.
Más de 17 millones para el Pacto de Estado
Del total asignado a Madrid, más de 17 millones de euros se destinarán al desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Estos fondos servirán para financiar programas de prevención, asistencia, protección, sensibilización y reparación de las víctimas, así como para fortalecer la red de recursos y servicios públicos en esta materia.
Redondo ha subrayado que esta inversión incluye 20 millones de euros adicionales respecto al año anterior, lo que refuerza el compromiso del Gobierno con la erradicación de la violencia machista: “Es fundamental avanzar unidos y de forma coordinada entre todas las administraciones para acabar con esta lacra social”, afirmó.
2,1 millones para programas autonómicos
Además, más de 2,1 millones de euros serán gestionados directamente por la Comunidad de Madrid para desarrollar planes autonómicos dirigidos a las víctimas de violencia de género y violencia sexual. Estos fondos están incluidos en los presupuestos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y financiarán en 2025 cuatro programas clave:
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Asistencia social integral a mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijos e hijas menores.
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Mejora de la coordinación institucional y diseño de planes personalizados de atención.
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Apoyo específico a víctimas de agresiones sexuales.
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Prevención de la explotación sexual de menores tuteladas.
Objetivo: respuesta integral y eficaz
Con esta inversión, el Ministerio de Igualdad busca articular una respuesta integral y eficaz frente a todas las formas de violencia contra las mujeres. Los fondos permitirán mantener y mejorar los recursos existentes, formar a profesionales implicados en la atención a víctimas y avanzar en campañas de concienciación a todos los niveles.
El Gobierno reafirma así su compromiso con una política pública de prevención, protección y reparación, consolidando los servicios vinculados al Pacto de Estado como una prioridad estatal.
