El PSOE defendió este viernes a su secretario general, Pedro Sánchez, y criticó la “persecución sin fundamento” a su esposa, Begoña Gómez, tras acogerse ésta a su derecho a no declarar ante el juez.
Así lo aseguraron fuentes socialistas el día en que Gómez se acogió a su derecho a no declarar ante el juez como investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios en relación a varias adjudicaciones públicas al empresario tecnológico Juan Carlos Barrabés.
“Es una persecución sin fundamento”, señalaron las mismas fuentes para insistir en que “el caso debería de haberse cerrado hace tiempo”. Altos cargos del PSOE consultados por Servimedia aseguraron que “no se habla de este tema” dentro del partido y, en todo caso, todas las voces cierran filas con Sánchez y su esposa frente a lo que denominan “hostigamiento” y “persecución sin precedentes”.
Desde la dirección de la formación siguen preguntándose, “¿qué se ha llevado Begoña?”, “que nos lo digan”, para asegurar que “no hay nada de nada” en la investigación en curso. “Begoña no firmó los contratos de ‘Red.es’”, indicaron las mismas fuentes, en alusión al presunto papel que jugó la esposa del presidente en los dos contratos que la empresa ‘Red.es’ adjudicó a Barrabés. “Hasta ahora no han sido capaces de decir quién influyó, ni cuánto se llevó”, insistieron.
Fuentes socialistas añadieron que Barrabés “es un empresario conocido” y que “más administraciones han contactado con él porque es el mejor en lo suyo”. Así, explicaron que el empresario acudió en 2019 “a un congreso de rearme ideológico del PP” y “después de eso, la Comunidad de Madrid le dio hasta 1,6 millones. Habría que preguntar al PP, ¿no?”, añadieron fuentes socialistas.
La esposa del presidente estuvo sólo 15 minutos en el Juzgado de Instrucción número 41 de la Plaza de Castilla. Su abogado, Antonio Camacho, explicó a la salida que Gómez se negó a declarar, “no porque tenga nada que esconder” sino porque se está violentando el “sacrosanto” derecho a la presunción de inocencia con una investigación “prospectiva” que está prohibida por el Tribunal Supremo.
