Vox y Partido Popular de Getafe han presentado sendos recursos contencioso-administrativos ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra la ordenanza que regula la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) del municipio. Según ambos partidos, la norma es “abusiva, recaudatoria” y restringe derechos fundamentales como la libertad de movimiento.
El TSJM ha admitido a trámite ambas demandas y ha solicitado al Ayuntamiento que remita el expediente administrativo en un plazo de 20 días. Además, se ha requerido que el Consistorio comparezca en el proceso mediante procurador y letrado.
Argumentos contra la ZBE
Vox ha sustentado su recurso, en el que también participa la asociación 'Liberum', en la falta de justificación ambiental y en el carácter presuntamente intrusivo de la medida, especialmente por la instalación de cámaras de vigilancia. El portavoz municipal, José Manuel Fernández, calificó en su momento la ordenanza como un “mazazo al bolsillo” y una “intromisión a la privacidad”. Además, afirmó que no existe un informe técnico que respalde la necesidad de la ZBE.
Por su parte, el PP ha tachado la medida de “abusiva y una de las más restrictivas de España”. El portavoz popular, Antonio José Mesa, ha denunciado que se está aplicando sin que exista un problema grave de contaminación en las zonas afectadas y que las multas, de hasta 200 euros, suponen una carga injustificada para los vecinos. El PP ha iniciado además una campaña de recogida de firmas en contra de la ordenanza.
Defensa del Ayuntamiento
Desde el Gobierno municipal de Getafe, en manos del PSOE, se ha rechazado la polémica al considerar que los recursos tienen una motivación ideológica. “Son denuncias promovidas por la extrema derecha, que solo buscan generar malestar y ruido político”, señalan fuentes del Ejecutivo local.
Asimismo, el Consistorio defiende que la ZBE se ha implantado sin incidencias y que los barrios de Centro y San Isidro ya se benefician de un entorno con menos ruido, menos tráfico y más espacio para los peatones. También recuerdan que se habilitó un periodo de adaptación para que los residentes pudieran solicitar autorizaciones y que se atendieron alegaciones para flexibilizar el acceso de determinados vehículos.
La ordenanza fue aprobada en diciembre de 2024 y entró en vigor en enero de este año, tras un breve periodo de gracia. De momento, afecta a dos barrios —Centro y San Isidro—, aunque no se descarta su futura ampliación.
En el contexto regional
Este no es el primer recurso que afronta una ZBE en la Comunidad de Madrid. La ordenanza de Madrid capital también fue parcialmente anulada tras un recurso de Vox, que denunció la ausencia de un informe de impacto económico.
La batalla judicial y política en torno a las Zonas de Bajas Emisiones continúa, con un choque frontal entre los argumentos medioambientales y los de libertad de circulación y coste económico que esgrimen sus detractores. El futuro de la ZBE de Getafe, ahora, queda en manos del TSJM.
