Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno, ha lanzado una nueva propuesta fiscal para gravar tributariamente la sanidad y la educación privadas. Una medida que supondría unos ingresos extra de 3.000 millones de euros para las arcas del Estado. Sin embargo, esta recaudación directa puede lastrar el alivio indirecto que estos servicios representan en la actualidad. Y es que, solamente la sanidad privada supone un ahorro anual de entre 6.000 y 17.000 millones de euros, tal y como recogen Fundación IDIS y PwC en su informe ‘Aportando Valor’.
Marta Villanueva, directora general de la Fundación IDIS, indica que “si se tiene en cuenta el número de asegurados existentes en nuestro país, el ahorro total generado al sistema Nacional de Salud se sitúa en un rango que va desde los 6.185 millones de euros a los 17.283 millones de euros, en función de un uso mixto o exclusivo de la sanidad pública y privada”.
En cuanto a la educación privada, sin tener en cuenta la concertada, supone un ahorro de más de 5.000 millones de euros al año para las arcas del Estado, según cuenta la patronal ACADE. Y es que, en España más de 550.000 alumnos estudian en el sistema privado, ahorrando una cuantiosa cantidad de dinero público. Si a este modelo, se suma, además, el concertado, el ahorro total supera los 8.300 millones de euros anuales. Según la organización FSIE, la parte concertada ahorra 3.300 millones anuales. En este modelo mixto están escolarizados casi tres millones de alumnos.
¿Cuál es la fiscalidad de la sanidad y de la educación privadas?
España, con el respaldo de las directivas europeas, grava con un IVA del 0% la educación y la sanidad privadas. El motivo se encuentra en el ahorro indirecto que estos servicios generan en el erario público. Ya que, sumando ambos servicios, cada año permiten ahorrar entre 12.000 y casi 26.000 millones de euros. Unas cifras más que considerables que avalan los beneficios fiscales con los que cuentan. Sobre todo, por el hecho de que gravar con un 21% de IVA estos servicios supondrían unos ingresos de 3.300 millones de euros, cuando el ahorro que generan es de hasta 7,8 veces más.
"De levantarse la exención, el mayor ingreso obtenido por el Estado en concepto de IVA podría ser compensado por un mayor coste de la provisión del servicio por el sistema público. Resultado sujeto al heterogéneo abanico de elasticidades que se han encontrado en la estimación" alertaba la Airef. Es decir que, según los expertos fiscales, esta medida pensada para recaudar más podría generar el efecto contrario haciendo que menos personas acudieran al sector privado cargando más peso sobre el público.
De hecho, según los cálculos publicados por la propia Airef, a pesar de que Hacienda podría generar 1.763 millones mediante el aumento del IVA en el sector de la Sanidad, el Ministerio de Sanidad en sí podría enfrentar un aumento de gastos de hasta 2.145 millones debido a la incorporación de nuevos ciudadanos. En consecuencia, el déficit público se incrementaría en 382 millones de euros.
En cuanto a la educación, la elevación de la recaudación derivada de un aumento del IVA alcanzaría los 1.694 millones de euros, no obstante, el incremento del gasto podría llegar hasta los 2.161 millones de euros. Bajo este escenario, el déficit se ampliaría en 467 millones.
Por el momento, esta propuesta de la líder de Sumar, Yolanda Díaz, no se ha materializado, pero se plantea como medida para ser incluida en los Presupuestos Generales del Estado de 2024, que han comenzado a negociarse entre el PSOE, Sumar y el resto de los socios del Gobierno.
En definitiva, pasar de un IVA del 0% al 21% en la sanidad y en la educación privadas aumentaría la recaudación directa en tan solo 2.451, si se descuentan las estimaciones de la Airef. Un dinero que no se puede comparar con las grandes cifras de dinero indirecto que estos servicios ahorran al resto de contribuyentes, y que podrían mermar debido a que al encarecerse estos servicios, menos personas podrían contar con ellos y pasarían al sistema público, aumentando el gasto del mismo.
