La investigación por los presuntos maltratos ocurridos en una guardería de Torrejón de Ardoz continúa abierta tras la difusión de un vídeo en el que una cuidadora zarandea y golpea a una niña de año y medio contra la pared mientras intenta darle de comer. El caso ha causado consternación entre las familias del centro, y la Policía no descarta que haya más víctimas.
Varios padres han expresado públicamente su preocupación. Nancy, madre de otra menor que asiste a la escuela infantil, relató a Telemadrid: “Ahora sé por qué mi hija no quiere comer”, y aseguró estar “impactada, sin poder dormir y con tranquilizantes”. Según ella, algunas familias ya habían alertado de malos tratos sin obtener respuesta. “El lunes iremos varios padres a los juzgados”, ha adelantado.
Por el momento, cuatro trabajadoras del centro han sido detenidas por su implicación en los hechos. Tres fueron arrestadas este viernes, tras la detención inicial el jueves de la cuidadora directamente implicada en la agresión. La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Torrejón de Ardoz ha decretado libertad con medidas cautelares para las cuatro, aunque continúan imputadas por delitos de trato degradante, maltrato de obra y, de forma subsidiaria, maltrato habitual.
Las medidas cautelares impuestas incluyen la obligación de firmar una vez al mes en el juzgado y la prohibición de trabajar en actividades relacionadas con menores. El caso se encuentra en fase de instrucción, y la calificación de los delitos podría modificarse conforme avance la investigación.
La cuidadora que aparece en el vídeo fue detenida por un delito contra la integridad moral. Las otras tres detenidas están investigadas por presuntos delitos de omisión y maltrato, ya que habrían presenciado o tenido conocimiento de los hechos sin intervenir.
Ante la gravedad de lo ocurrido, la Comunidad de Madrid ha ofrecido apoyo a las familias para escolarizar a los niños en otros centros, facilitando el cambio de centro escolar mientras se esclarecen los hechos y se garantizan condiciones seguras para los menores.
El caso ha reabierto el debate sobre los controles y protocolos en escuelas infantiles privadas, así como sobre la vigilancia institucional ante posibles negligencias o abusos en espacios de atención a menores.
