Condonación deuda

Madrid analizará el impacto de la condonación de la deuda catalana en la región

La Asamblea de Madrid estudiará las consecuencias económicas y fiscales que la condonación de la deuda de Cataluña podría tener para los madrileños
Isabel Díaz Ayuso en el Pleno de la Asamblea de Madrid - Foto Comunidad de Madrid
photo_camera Isabel Díaz Ayuso en el Pleno de la Asamblea de Madrid - Foto Comunidad de Madrid

Así lo anunció este martes Carlos Díaz-Pache, portavoz del Partido Popular en la Asamblea, tras registrar una comisión de estudio que analizará con expertos el impacto de esta medida en la Comunidad de Madrid.

Un análisis en profundidad sobre el "acuerdo vergonzoso"

Díaz-Pache justificó la creación de esta comisión argumentando la necesidad de conocer "con detalle y rigor" el impacto que el "vergonzoso acuerdo" tendrá sobre Madrid. Para ello, contará con la participación de especialistas en derecho constitucional, hacienda pública y financiación autonómica, quienes evaluarán de qué manera esta decisión podría afectar a municipios como Fuenlabrada, Móstoles o Alcorcón.

El portavoz popular también señaló que esta iniciativa busca esclarecer si la condonación de la deuda responde a "criterios de equidad" o si, por el contrario, supone "una carga adicional para los madrileños".

Ayuso: "La deuda catalana la pagamos todos"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también se pronunció sobre la creación de esta comisión, asegurando que servirá para estudiar "las consecuencias para Madrid y España del pacto de Sánchez con Esquerra".

Díaz Ayuso criticó que con este acuerdo "se cede a Cataluña la Agencia Tributaria, expulsando al Estado", al tiempo que "se mutualiza la deuda catalana, lo que significa que la pagamos todos". Además, advirtió que esta medida es "un paso más hacia la independencia y la impunidad".

Impacto en la financiación autonómica

El debate sobre la condonación de la deuda catalana ha reavivado la discusión sobre el modelo de financiación autonómica en España. La Comunidad de Madrid ha manifestado en diversas ocasiones su oposición a un sistema que, según el Ejecutivo regional, podría perjudicar la equidad entre autonomías y afectar a la inversión en servicios públicos esenciales.