El diálogo social es un pilar fundamental de la democracia, un componente esencial del modelo social europeo, que permite a los interlocutores sociales (representantes de las empresas y de los trabajadores) contribuir a la elaboración de la política social y laboral europea. Es esencial para el futuro crecimiento económico y la resiliencia de nuestras economías y desempeña un importante papel para preservar y reforzar la competitividad de las empresas europeas, aumentar la productividad, mejorar las condiciones laborales y dotar a las empresas y los trabajadores de las capacidades necesarias para llevar a cabo con éxito las transiciones ecológica y digital.
Para garantizar que España sea competitiva e inclusiva, y su diálogo social siga las directrices del modelo social europeo, necesitamos un diálogo social sólido y unos interlocutores sociales elegidos democráticamente y en el que todos podamos participar. Es necesario que se apliquen procedimientos de reconocimiento y representatividad con el fin de determinar las organizaciones a las que se concede el derecho de negociación colectiva, y esta determinación sea abierta y basada en criterios preestablecidos y objetivos con respecto al carácter representativo de las organizaciones. Y esto es primordial, pues si hablamos del diálogo social como pilar fundamental de la democracia, no podemos permitir que sea un coto privado de unos pocos en el que no se permite la entrada a otros interlocutores sociales que representan a las pymes con voz propia e independiente. En algunos casos es consecuencia directa de la voluntad de las élites económicas, monopolios y oligopolios, de imponer sus criterios al resto.
En Europa, las grandes empresas están representadas por BusinessEurope y las pymes por SMEunited. En España, las pymes no estamos representadas con voz propia e independiente. Desde que se instauró la democracia, una sola organización representa a todos los empresarios, la CEOE, si bien utiliza un apéndice como CEPYME para maquillar que representa también a los pequeños empresarios. Siendo una anomalía democrática que se considere el agente social más representativo cuando depende de otro que ya lo es.
La realidad que vivimos es que no existe desarrollo legislativo de lo establecido en la DA 6ª del Estatuto de los Trabajadores, por lo que no existe procedimiento administrativo regulado para obtener el reconocimiento de organización empresarial más representativa a nivel estatal a los efectos de la participación institucional, ni método de cómputo legalmente establecido para acreditar la representación del 10% o más de las empresas y trabajadores en el ámbito estatal. Las organizaciones empresariales actualmente reconocidas como más representativas a nivel estatal, a los efectos de la participación institucional, lo han sido por notoriedad, sin aportación de prueba alguna. Siendo así, es la administración la que debe indicar cuáles son los elementos probatorios que presentar por todas las organizaciones empresariales para acreditar dicha condición, y cuál debe ser la información que aportar.
Después de 47 años, una norma pone fin al monopolio de CEOE-CEPYME como únicos interlocutores sociales en las instituciones públicas. Estamos ante un hito histórico para las pymes y autónomos de nuestro país, en línea con la recomendación de la Comisión Europea que insta a la democratización del diálogo social. Por primera vez otra organización, CONPYMES, ocupará una de las vocalías en representación de las organizaciones empresariales de ámbito estatal e intersectorial más representativas en el Consejo Estatal de la Pyme y en el Observatorio Estatal de la Morosidad Privada. Reconociéndose su labor y su derecho a estar como agente económico y social más representativo de las pymes de nuestro país. Un gran paso dado por el Gobierno para garantizar una mejor representatividad de las pymes y sus trabajadores. Que a Pimec y a Pime Baleares, que tienen reconocida su representatividad a nivel autonómico, se les permita formar parte del Consejo Económico y Social (CES) es otra gran noticia, igual que la inclusión de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad en el Observatorio Estatal de la Morosidad Privada.
Pero el paso más importante dado es la inclusión en el Plan Anual Normativo del Gobierno para 2024 de una Ley reguladora de la representatividad empresarial en el ámbito de las PYMES. Según consta en el PAN, el objetivo de dicha ley será “desarrollar las reglas de representatividad empresarial, especialmente las relativas a la mayor representatividad de las pequeñas y medianas empresas en el ámbito del diálogo social, la negociación colectiva y la participación institucional”.
Ni CEOE-CEPYME, ni su aliado UGT lo van a poner fácil, con el argumento de que ellos ya representan a todas las empresas tanto grandes como pequeñas, y también a los autónomos. Es como si un partido político dijera que ellos ya representan a todos los ciudadanos y no es necesario que haya más partidos.
Esperemos que el Gobierno no ceda a la enorme presión que ejercen estos agentes sociales para seguir manteniendo el monopolio de la representatividad y se siga avanzando con firmeza hacia la democratización del diálogo social en España. Las pymes y los autónomos serán los grandes beneficiados al poder sentarse en las mesas de negociación donde se decide su presente y su futuro.
