A pesar de que el Ministerio de Trabajo parece mostrar una mayor flexibilidad en la implementación de la reducción de jornada, es preocupante que las pymes, que serán las más afectadas por estos cambios, no podamos estar presentes en esta negociación con voz propia e independiente. Esto significa que no podremos defender medidas que permitan minimizar su impacto en el 99,8% del tejido empresarial español.
Las consecuencias de una reducción forzosa de la jornada laboral manteniendo los salarios, como propone el Gobierno, suponen una subida de los costes salariales unitarios que puede tener efectos negativos sobre la competitividad de las empresas y la evolución del empleo y el PIB. Los efectos adversos de esta medida serán mayores en las pymes y micropymes con márgenes de beneficio muy ajustados y en determinados sectores (como el turismo, la hostelería y el comercio) en los que la presencialidad de los trabajadores con los clientes es imprescindible y los ritmos de producción son difíciles de alterar. La reducción de jornada se debe adaptar a la diversidad de sectores, a sus diferentes circunstancias y al tamaño de las empresas, permitiendo una implementación flexible y gradual que facilite ganancias en productividad.
Sería un fracaso del Diálogo Social la imposición de esta reforma por vía legislativa, sin un consenso social y sin tener en cuenta las particularidades sectoriales. La negociación colectiva es el instrumento más eficaz para adaptar y flexibilizar la jornada laboral. Los convenios colectivos han permitido reducir la jornada máxima en muchos sectores, logrando acuerdos que oscilan entre 37 y 38 horas semanales, en función de las necesidades de las empresas y sus trabajadores. Es crucial esta flexibilidad para mantener la competitividad empresarial mientras se mejora la conciliación entre la vida laboral y personal de los trabajadores, pues se podrían promover ajustes específicos que reflejaran las necesidades sectoriales, las capacidades productivas, y aseguraría mejoras sostenibles en las condiciones laborales.
Cualquier propuesta de reducción de la jornada laboral debe considerar los efectos que tendrá, pues afectará al 67% de los ocupados según EPA (o al 74% de los trabajadores sujetos a un convenio colectivo) y puede generar importantes impactos adversos, si no se implementan medidas compensatorias para que muchas pymes puedan seguir siendo viables. Será fundamental la puesta en marcha de incentivos fiscales y bonificaciones a la Seguridad Social para compensar los costes por parte de las empresas y no generar un efecto inflacionario.
Existen beneficios potenciales tanto para los trabajadores como para las empresas, con la reducción de la jornada laboral, cuando esta viene acompañada de una mejora previa de la productividad. Esto significa que las empresas pueden producir lo mismo con menos horas trabajadas y los trabajadores pueden aumentar sus horas dedicadas al ocio, pero existen riesgos significativos si se impone la reducción de la jornada laboral cuando no se han producido dichas mejoras en la productividad.
Los beneficios de cualquier medida tienen que ser compartidos, como también el coste que haya que asumir, siendo absolutamente impensable que una medida como esta pueda o tenga que ser asumida exclusivamente por las empresas.
Para no restar capacidad al crecimiento empresarial, así como a la creación de ocupación y riqueza, y que no afecte directamente al progreso social y económico del país, es necesario tener en cuenta diferentes factores. La mejora de la productividad, reducir el absentismo o la altísima incidencia de las bajas laborales, la falta de profesionales y de perfiles cualificados, reducir el alto paro y la mejora de los tiempos de trabajo pactados son algunos de estos elementos a tener en cuenta.
Respecto a la contratación pública y las actividades con precios regulados, cualquier norma que se adopte debe comportar el principio de corresponsabilidad de las administraciones, con la posibilidad de adaptación automática de precios para evitar el desequilibrio en la relación pública y privada por la aplicación de la medida y evitar problemáticas como las surgidas con el SMI.
Dada la complejidad de las decisiones a tomar, hay que recordar que las pymes y las personas autónomas continúan haciendo frente a elevados costes empresariales a consecuencia de las diferentes crisis de los últimos años, la tensión inflacionaria y el incremento de las cotizaciones sociales. También es necesario recordar el elevado nivel de burocracia administrativa y el aumento de los recursos que tienen que destinar a cumplir normativas y otras obligaciones.
